El jefe de la cartera educativa departamental se refirió a las actuaciones adelantadas para la reubicación de una docente en Chaparral, a propósito de una acción de tutela proferida por un Juzgado Penal del municipio de Chaparral y por la cual consecuentemente, prosperó un desacato que fue fallado el jueves de la semana anterior en contra de la gobernadora, Adriana Matiz y contra el secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya.
Al responder a una acción de tutela impetrada por la docente Diana Magaly Muñiz, del municipio de Chaparral quien ganó un concurso para municipios posconflicto donde se ejecutan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, el secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, hizo varias precisiones sobre el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de ese municipio surtolimense.
“Nos enteramos a través de los medios locales de la decisión de desacato proferida por el Juzgado Segundo Penal del municipio de Chaparral, que en meses anteriores la había ordenado la Secretaría de Educación trasladar a una docente que se vinculó al municipio de Chaparral a través del concurso de zona PDET que le obliga al docente permanecer en la zona rural mínimo 10 años y el docente, en este caso el accionante ,concursó en esa plaza y aceptó permanecer 10 años en la ruralidad de este municipio”, expresó Bedoya.
Luego, el jefe de la cartera educativa del Tolima prosiguió explicando: “No obstante, a través de una acción de tutela, la accionante solicitó un traslado a una zona más cercana por unas condiciones de salud que presenta su unidad familiar; en ese momento el juez segundo penal del municipio de Chaparral accedió a las pretensiones de la docente y le ordenó a la Secretaría de Educación trasladar a la docente para que quede más cerca al casco urbano del municipio de Chaparral. Si bien el juez no ordenó que fuera trasladada al casco urbano, lo que hizo la Secretaría de Educación fue acercar a la docente a una sede educativa de la Institución Educativa Risalda para que tuviera acceso pronto a la unidad hospitalaria del municipio de Chaparral”.
El funcionario se mostró en desacuerdo con la decisión judicial al argumentar que la Secretaría de Educación ha hecho mucho más de lo ordenado: “Consideramos, con todo respeto, que no se ha incumplido pues vamos a ordenar la reubicación de la docente en el casco urbano, una situación excepcional porque los docentes que se presentan a convocatorias PDET deben prestar su servicio en la zona rural. Sin embargo, vamos a ubicar a la docente en el casco urbano en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral. Muy pronto será notificada la resolución a la docente”.
Andrés Felipe Bedoya recalcó que “es importante que sepa la comunidad en general que un docente que concursa en una plaza de zona de posconflicto debe quedarse en la zona PDET, mínimo 10 años, pues la garantía de este concurso especial demanda que la prestación del servicio de los niños niñas y adolescentes de la zona rural se cubra a través de este tipo de concursos. Por esto, esta es una situación excepcional y dada la orden judicial de desacato la atenderemos; pese a que no haya sido todavía comunicada oficialmente”.
Lo que indica el fallo
El juez de la causa determinó que la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Educación departamental NO cumplieron la orden emitida con anterioridad en el sentido de reubicar a la docente Diana Magaly Muñiz, con el fin de garantizar el acceso a los derechos fundamentales a la salud y la educación de las dos hijas menores de edad de la docente, quien manifestó ser madre cabeza de familia.
En este sentido, el juez dispuso imponer una orden de arresto de dos días que pesan contra la propia gobernadora, Adriana Matiz y contra el secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya. Ellos además deben pagar una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
