El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Germán Ávila, radicó este lunes el proyecto de Ley que pretende recaudar los 26.3 billones de pesos en los que estaría desfasado el presupuesto general de la nación para el año 2026 y que el gobierno busca ajustar vía impuestos.
Ese presupuesto que de acuerdo con el proyecto radicado la semana anterior en el congreso colombiano, está fijado en la cifra astronómica cercana a los 557 billones de pesos, monto casi imposible de alcanzar con los recaudos que logre la DIAN.
En ninguno de los dos casos existe ambiente político para que haga tránsito exitoso en las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Lo que se advierte desde hace varias semanas es que se repetiría la figura del decretazo, igual a lo acontecido el año inmediatamente anterior. El gobierno sostiene, como en otras oportunidades, que esta reforma NO castiga a los estratos más bajos de la población.
Esas pretensiones son bautizadas por la oposición como la dictadura fiscal que de manera premeditada implanta el gobierno del presidente Petro, quien en los tres años de administración ha sufrido el «hundimiento» de varios intentos de reformas presentadas ante el congreso colombiano.
Los impuestos que vienen
De acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Hacienda, habrá múltiples incrementos en los impuestos a los combustibles fósiles, el alcohol carburante y el biodiesel que tendrán un crecimiento progresivo a ser aplicado entre los años 2026 y 2027. Esto implica una tasa del 10% para el año 2026 en el impuesto IVA al productor, esto para el caso de la gasolina y una tarifa plena del 19% a partir del 2027. Ese impuesto al productor, según lo expuesto por los expertos, se traduce en mayor incremento en el precio al consumidor final, es decir a todos los propietarios de vehículos livianos, de pasajeros y de carga.
Así mismo, el proyecto de Ley radicado ante la Secretaría de la Cámara de Representantes incluye cambios en el impuesto de renta para personas naturales, los cuales también serán progresivos en el corto plazo. Esto se hará vía eliminación de deducciones y descuentos en varios ítems de ingresos como el de los dividendos.
Otro aspecto que contempla la denominada Ley de Financiamiento es la aplicación del gravamen a servicios digitales como software y procesamiento en la nube. Dichos servicios son cada vez más utilizados en el mundo empresarial moderno tanto por personas jurídicas como personas naturales. Y es que la realidad muestra que de la era digital nadie se escapa.
Según el gobierno nacional, el proyecto de Ley, que apenas empieza a ser analizado previamente antes del inicio de las discusiones en las dos células legislativas, incluye cambios tributarios para fortalecer las finanzas públicas y ampliar los ingresos.
De esa manera la iniciativa pretende ejecutar ajustes en el IVA para los vehículos híbridos, todas las bebidas alcohólicas, incluyendo los aperitivos, los juegos de azar por internet y el hospedaje para no residentes.
Para los economistas que analizan la actual situación fiscal del Estado es claro que esta Ley de Financiamiento difícilmente será aprobada en el congreso, ahondando la crisis debido al elevado gasto público, gasto público está representado en los miles de contratistas que están anclados en las diferentes entidades donde tiene poder absoluto el presidente Gustavo Petro.
Todo este panorama advierte el advenimiento de meses complicados en el ambiente político que empieza a ser más agitado debido a las elecciones para congreso y presidencia de la república que se realizarán en escasos siete meses, cuando en principio se definirán la continuidad y los cambios que tendrán fruto en la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia.
