En el departamento se estima que habitan alrededor de 45.000 personas con alguna discapacidad, pero lamentablemente el Estado en muy pocas ocasiones atiende esa población.
Ni la nación, ni los departamentos, ni los municipios tienen políticas o programas permanentes de ayuda para las personas con alguna limitación o en su defecto para sus necesarios cuidadores. Este fragmento poblacional sobrevive especialmente bajo el cuidado de sus propias familias porque ni siquiera hay abundancia de lugares idóneos creados exclusivamente para atender, capacitar y mejorar las condiciones de quienes desde su nacimiento tienen alguna discapacidad o la padecen por circunstancias del destino.
Lo que se puede determinar con exactitud es que el Departamento Nacional de Estadística -DANE- realizó un estudio desarrollado especialmente con base en encuestas ejecutadas en el año 2021. La primera es conocida como la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y la segunda Encuesta Nacional de Calidad de Vida.
Allí, por ejemplo, se determina que el 48% de los niños, niñas y adolescentes entre 7 y 14 años que tienen alguna discapacidad sufren enfermedades mentales o trastornos de la conciencia o de la conducta, mientras que la proporción de niños, niñas y adolescentes con estas enfermedades sin discapacidad es de solo el 10.4%. Aquí aparece un termómetro preocupante.
Entre tanto, en el complejo tema del acceso a la educación y al trabajo formal las encuestas confirmaron un menor acceso y logro en el sistema educativo entre personas con discapacidad, y consecuentemente, mayores restricciones para el acceso al trabajo formal.
El juicioso estudio adelantado por expertos al servicio del DANE señala en otras palabras que la marginalidad a la que es sometida la población con discapacidad y sus propios cuidadores, hace necesaria la formulación de políticas públicas que respondan de forma adecuada y suficiente a las necesidades de las personas con discapacidad en Colombia. En efecto, no existen.
De ahí ha surgido la necesidad de luchar por los derechos de esta población y sus familias, que en un amplio porcentaje han pasado a ser sus cuidadores. Los primeros pasos se dieron a través de la organización de grupos de madres que luego integraron asociaciones que aisladamente han buscado mejores oportunidades para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de quienes padecen alguna discapacidad así sea desde temprana edad o más adelante en su proceso de vida, incluyendo el ocaso de la existencia con los adultos mayores.
Ahora esas asociaciones, en el caso del Tolima, lograron dar un paso gigante constituyendo de manera oficial la Federación Departamental de Organizaciones de Personas con Discapacidad y Cuidadores. Esa gran organización contempla dentro de sus principales objetivos trabajar por la defensa de los derechos de las personas, niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, que registran alguna discapacidad.
Luz Ángela Reyes, como presidenta de la Federación advierte que esa franja poblacional por la cual trabajan incesantemente, prácticamente han sido invisibles para el gobierno y que históricamente ni siquiera han sido una mínima prioridad para los gobernantes.
¿Y por qué los cuidadores?
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida adelantada por el DANE en el año 2021 muestra que alrededor de 1.354.484 personas con discapacidad requieren de cuidados, lo cual equivale al 47,6%. De este total, el 74,7% es cuidado por una persona del mismo hogar, el 11.06% es cuidado por una persona de otro hogar en forma no remunerada, escasamente el 3,3% es cuidado por una persona de otro hogar en forma remunerada y cerca del 11,0% quien tiene discapacidad permanece solo.
Adicionalmente la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2021 identifica que cerca de 6,5 millones de personas en Colombia, un 13,2% de la población, ejerce actividades de cuidado, de las cuales el 78,0% son mujeres y solo 22,0% hombres.
La misma encuesta sustenta lo que se evidencia en los hogares del Tolima donde existe alguna persona con discapacidad y es que el cuidado es ejercido desde edades muy tempranas y por mujeres en todos los grupos etarios, con una alta participación mujeres adultas y en la vejez.
El estudio estadístico destaca cuatro acciones trascendentales que deben ser acogidas y plasmadas en las tareas que diseñen los entes territoriales, frente al apoyo efectivo que ha de brindar el Estado.
1.- A través de recursos y políticas para el funcionamiento de instituciones orientadas a prestar servicios de diferente naturaleza a las personas con discapacidad.
2.- A través de indemnizaciones, jubilaciones, subsidios y prestaciones proporcionados directamente a personas con discapacidad. Éstos son imprescindibles para garantizar la sobrevivencia en aquellos casos en los cuales las restricciones del funcionamiento de las personas con discapacidad son más severas y, por tanto, requieren de cuidados y acompañamientos permanentes.
3.- A través del pago de indemnizaciones, subsidios y pensiones a madres y o cuidadores directos de personas con discapacidad.
4.- A través del pago por la prestación de servicios a cuidadores directos o a instituciones que brinden asistencia, apoyo, cuidados y otros servicios a las personas con discapacidad que lo requieren.
Las Conclusiones
El detallado estudio señala de manera contundente una serie de conclusiones que técnicos y ejecutores de programas o políticas gubernamentales tienen que considerar.
Lo primero es que la discapacidad es una condición compleja que no solo afecta a las personas con discapacidad, sino también a la red de personas del entorno familiar y del hogar al que pertenecen, entre quienes se encuentran sus principales cuidadores.
Así mismo nunca hay que descartar que el círculo familiar y la red de personas en el hogar continúan siendo el principal sostén del cuidado de las personas con discapacidad en Colombia. Es un trabajo invisibilizado social y económicamente que desarrollan especialmente las mujeres.
Dicho estudio estadístico advierte preguntas claves que necesariamente hay que contemplar. ¿Cómo responde el Estado frente al cuidado de aquellas personas que, en efecto, no pueden ser cuidados por su familia? Y ¿Cuáles son las instituciones que asumen esa responsabilidad y en qué condiciones se encuentran?
Datos tomados del Estudio Estadístico «El diamante del cuidado frente a la experiencia de la discapacidad en Colombia: Una aproximación a los requerimientos diferenciales de las personas con discapacidad y de sus propios cuidadores en 2021» del DANE
